La concejal de Medellín por el Partido Liberal, Aura Marleny Arcila Giraldo, manifestó la preocupación que le embarga alrededor de la situación financiera de la EPS Mixta Savia Salud:
El sistema de salud colombiano tiene dos caras: la primera, la de la positiva evolución de los afiliados que significaban en 1990 el 32% (Fedesarrollo, 2011) de los afiliados a una cifra cercana al 97% en el año 2015, y el gasto público que ha alcanzado cerca de 6 puntos del PIB. Sin embargo, ese crecimiento de la afiliación le ha puesto al sistema en lo financiero y la atención médica, serias presiones que lo hacen un sistema complejo, difícil de controlar y que castiga fuertemente la prestación de los servicios y la calidad de la atención.
Los afiliados en Antioquia del régimen subsidiado han pasado de 2.338.407 afiliados en 2010 a 2.425.649 en 2015, y se constituye en el 10.4% de la población afiliada total del País. Y es la entidad territorial que más peso tiene en los afiliados del régimen contributivo, aún más que Bogotá, que viene reduciendo la población del régimen subsidiado, pasando de 1.353.121 afiliados en 2010 a 1.299.475 en 2015.
En estas luces y sombras del sistema general de seguridad social en salud estamos hablando de la vida de los colombianos y de los antioqueños. En este sentido, y ante la imposibilidad de asegurar la prestación a los usuarios del régimen subsidiado, en la región se destacan dos propósitos:
- La creación de la Alianza 14+1, como el escenario de coordinación de las necesidades de las principales instituciones de salud, que en la práctica se constituyen en los primeros respondientes de la prestación; y en la que se revela la problemática de una UPC insuficiente, de desfinanciamiento del sistema y ventajismo de las EPS, que limitan el flujo de recursos de los afiliados hacia los prestadores.
- La creación de Savia Salud E.P.S. como el primer ejemplo departamental de la creación de una EPS mixta, que operada por una caja de compensación aglutina los esfuerzos del Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín como los principales responsables financieros territoriales de la salud en Antioquia, junto con el Gobierno Nacional.
Estas dos iniciativas han permitido congregar a gran parte de los usuarios del régimen contributivo de la región (1.7 millones de personas), así como hacer más visible el tamaño de las prestaciones y cargas financieras de la relación de esa EPS con las principales IPS de la Región. Es un hecho que la existencia de estos dos mecanismos de coordinación ha permitido revelar en su magnitud el tamaño del problema de prestación y financiero de la Región.
Si sólo se cuenta la Alianza 14+1, la deuda de Savia Salud EPS es de cerca de 409 millones de pesos, y el plan de salvamento vía capitalización cubriría deudas por cerca de 160 mil millones de pesos, que hasta ahora podrían ser cubiertas con recursos adicionales del Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia.
En ese sentido, la primera posición frente a esta problemática es que se deben hacer todos los esfuerzos financieros por parte del Municipio de Medellín, el Departamento de Antioquia y, especialmente, el Gobierno Nacional para salvar a Savia Salud EPS. Dejar que se liquide Savia Salud no solucionará el déficit y muy probablemente lo que generará en el corto plazo es una delicada crisis de prestación del servicio, y en el largo plazo, la dispersión de los usuarios del régimen contributivo en esquemas de administración aún más complicados de administrar, consolidar y controlar por parte de las entidades territoriales.
Es por ello que la postura del Municipio de Medellín debe ser la de hacer los esfuerzos adicionales en su financiamiento, y que el Departamento de Antioquia entienda que los costos futuros de no salvar a Savia Salud serán mayores que los de prevenir una liquidación en la actualidad. La estrategia del Departamento de no capitalizar ahora, es una huida hacia adelante que le impedirá contar con la información que tiene en la actualidad en relación con la situación del sistema de salud.
Capítulo aparte merece el Gobierno Nacional. Si el Ministerio de Salud no ayuda a mediar entre un reconocimiento racional de las acreencias de las IPS (persiguiendo de forma contundente las prácticas corruptas de proveedores y prestadores), inyectando capital de manera proporcional al valor de las acreencias justas, ajustando la cápita de la entidad territorial con mayor número de ciudadanos en el régimen contributivo y haciendo seguimiento permanente al funcionamiento de Savia, este problema se volverá insoluble, y la región entrará en una espiral permanente de apertura, fragmentación y quiebra de EPS cada vez que las acreencias alcancen los límites técnicos de liquidación, que se verá reflejada en un deterioro paulatino de las instituciones prestadoras de salud, que en el largo plazo y en vista de un constante descuento de los valores justos (no de los corruptos) facturados, harán imposible la actualización, modernización y mejora de los servicios.
Todo ello se verá reflejado en el deterioro de la salud de los antioqueños, en la medida que la prestación se aplace, los cuadros de las dolencias de los pacientes empeorarán y los costos del cuidado paliativo se incrementarán en detrimento de la filosofía de prevención con la que se construyó el sistema, pero que hasta ahora se ha convertido en letra muerta.
Queda la pregunta, de si el factor de ajuste será el gasto privado, es decir, los pacientes, porque al paso que vamos si el Gobierno Nacional no financia adecuadamente el sistema y controla efectivamente a las EPS que demoran los pagos, a las IPS y proveedores que inflan los costos o limitan las prestaciones serán las cuotas moderadoras, las barreras de entrada, los impuestos o la propia vida de los ciudadanos el verdadero factor de ajuste.
