Edwin Franco

 Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría

El ex magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez, tan recordado en Colombia no solo por sus investigaciones en lo que se dió en llamar como el fenómeno de la parapolítica, sino también porque fue objeto de un montaje por ex funcionarios del gobierno de Alvaro Uribe Vélez por intermedio del desmovilizado José Orlando Moncada, más conocido como Tasmania, quien había dicho que el ex magistrado le habría ofrecido beneficios judiciales a cambio de que declara en contra del entonces presidente Uribe Vélez, es hoy por hoy una reconocida figura en Guatemala, por cuenta de las investigaciones por corrupción que se adelantan en este país centroamericano.

Velásquez Gómez está al frente de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), entidad adscrita y patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la que en la misión que ha adelantado ha encontrado actos de corrupción en personalidades de la vida política de ese país, dentro de los que se encuentran la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció a su dignidad y está actualmente detenida, y el mismísimo presidente de la república, Otto Pérez Molina, de quien hace pocos días el investigador colombiano dijo que lastimosamente hacía parte del grupo de personas identificadas como que se encontraban vinculadas con actos de corrupción.

Dentro de las investigaciones realizadas se detectó una mafia denominada “La Línea”, encabezada por el presidente y la vicepresidenta, respectivamente, que cobraba sobornos a empresarios para poder evadir impuestos aduaneros.   Esta red responde a este nombre justamente porque era una línea telefónica a la que debían llamar los interesados para cuadrar el monto del soborno.

Al final de la semana pasada una comisión especial del Congreso de la República de Guatemala recomendó levantar la inmunidad de Pérez Molina para que sea investigado penalmente por los gravísimos actos de corrupción por los que presuntamente debe responder.   Por lo pronto ha dicho que no renunciará y que afrontará cualquier investigación porque no debe nada.

Ecuador goza de una estabilidad política hace muy pocos años, podría decirse que desde que Rafael Correa asumió el poder, porque de ahí hacia atrás, unos pocos años, fueron varios los presidentes que tuvo el vecino país, en su gran mayoría obligados a renunciar por el pueblo, es decir, por quienes los habían elegido.   Uno de ellos, Abdalá Bucaram, fue destituido por el Congreso, por incapacidad mental.

En Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido en ese país como “el Goni”, fue obligado por el pueblo a renunciar a la presidencia y se asiló en los Estados Unidos y ha sido pedido en extradición por el gobierno de su país para que responda por crímenes de lesa humanidad.

En Perú, Alberto Fujimori, quien fuera presidente durante una década, la justicia de ese país lo condenó a 25 años de prisión por graves delitos cometidos durante su mandato en su condición de Jefe de Estado.

Lo ocurrido en estos países contrasta con lo que pasa en Colombia donde tantos políticos, gobernantes y magistrados han cometido y cometen delitos de los más variados y nada les pasa, la impunidad a la que llegan sus acciones es por completo escandalosa.   Es cierto que ha habido en los últimos años en Colombia condenas contra políticos vinculados con el paramilitarismo, pero algunas de ellas obedecieron más al escándalo mediático y social, que a las ganas de hacer justicia por parte de un sistema judicial, del que buena parte, desde hace varios, viene amangualado con tantos políticos, hasta el punto que se confunde con estos últimos.

Y no ha faltado quienes digan que en estos países donde le han puesto coto a sus gobernantes son países de indios, referencia hecha en sentido peyorativo.   Recuerdo que alguna vez en una tertulia estábamos varios amigos conversando y frente a un tema similar alguno de los contertulios hizo igual afirmación respecto a dos de estos países, frente a lo que, otro de los interlocutores, historiador de profesión, interrumpiéndole de manera airada, le aclaró que esas sociedades a las que llamaba de “indios”, han tenido y tienen sociedades y organizaciones más civilizadas que la nuestra.

En Colombia desafortunadamente estamos muy lejos que hampones de alto nivel que administran justicia y gobiernan nuestro país terminen condenados penalmente y tras las rejas como cualquier ciudadano, sencillamente porque en un Estado de Derecho nadie puede estar por encima de la ley. No es sino recordar el caso de Samper para que unas veces nos de rabia y otras tristeza.

Mucho tenemos que aprenderle en materia de justicia contra corruptos gobernantes a países como Guatemala, Ecuador, Bolivia o Perú. Con todo, en esta materia y en otras, me quedo con estos países de “indios”.